Gana PGR juicio en la Corte sobre protección de expedientes

México, 9 Mar (Notimex).- La Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) resolvió hoy que la Procuraduría General de la
República (PGR) puede negarse a proporcionar información a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuando se ponga en
riesgo la secrecía de las investigaciones.

Por una mayoría de siete votos contra cuatro, los ministros
avalaron la disposición de la Ley Orgánica de la PGR, que que no
existe una obligación de rendir cuentas y proporcionar información al
organismo, de las investigaciones en curso.

La CNDH argumentó en una acción de inconstitucionalidad que
presentó ante el alto tribunal, que la PGR, al restringir información
sobre los expedientes bajo su jurisdicción, se violentaban las
garantías individuales de todas las personas, ante la falta de
información para defender derechos fundamentales.

No obstante, la mayoría de los ministros determinó que los
órganos del Estado tienen derecho a obtener información desde su
ámbito de su competencia, y “cuando no se entrega información se está
protegiendo también a otros particulares”, apuntó el ministro Arturo
Zaldívar.

En su artículo 5 fracción 5, inciso C, la normatividad de la PGR
dispone que se entregará información a la CNDH, siempre que no ponga
en riesgo la investigación en curso o la seguridad de las personas.
“Para que se dé en la torre a una averiguación previa”, expresó
Margarita Luna Ramos al respecto.

Añadió que la secrecía de algunos expedientes es “tanto para
proteger a la víctima como al curso de la investigación”, en tanto
que Fernando Franco subrayó que la disposición protege las funciones
que tiene encargadas la Procuraduría y por lo tanto, son válidas.

Antes, la discusión se concentró en determinar si la disposición
resultaba violatoria de derechos fundamentales o si vulneraba la
condición de un órgano del Estado de conocer la actividad de una
autoridad, cuando se trata de persecución de delitos y protección de
derechos fundamentales.

El presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, uno de
los cuatro ministros que considero inconstitucional la norma, expuso
que se violan derechos humanos al afectar las funciones que
desarrolla la CNDH para la protección de las garantías de todos los
habitantes del país, y “en cuanto se recortan facultades, se afecta a
la población en general”.

A su vez, Olga Sánchez Cordero defendió el planteamiento del
organismo, de que si se le impide el acceso a las averiguaciones
previas, también se le impide que realice su labor de tutela de
protección a los derechos fundamentales.