Acusan a Sesa de complicidad en violaciones

CHETUMAL, Q.Roo.- La Secretaría de Salud no solamente ocasionó que la menor de 10 años que fue violada no haya podido abortar por la vía legal, sino que se ha convertido en cómplice al no reportar más de 800 casos de violación, según informó la diputada María Hadad Castillo. Responsabilizó al titular de la  dependencia, Juan Carlos Azueta Cárdenas, del bienestar físico, psicológico y social de la niña.

Dijo que en su momento las autoridades de salud no quisieron emitir un diagnóstico que certifique que la salud de la niña estaba en riesgo, por lo que ha quedado a merced de lo que la vida y su propia naturaleza decida del embarazo.

Agregó que los médicos saben que corre riesgo su vida y no quisieron asumir su responsabilidad.
 
Comentó que lamentablemente en parte se ha rebasado el marco normativo estatal, pues ya se dejó pasar el término de 90 días para que se le pueda practicar un aborto cuando el embarazo sea producto de una violación. Lo mismo está ocurriendo con la causal 4, establecido en el Código Penal, en donde aplica el aborto cuando la vida de la menor está en riesgo.

Los mismos médicos han dicho que la vida de la menor de 10 años está en riesgo pero nadie lo ha querido certificar.

Informó que una asociación nacional ofreció boletos de avión para que la niña fuera atendida en el Instituto Nacional de Perinatología en Distrito Federal; en lugar de eso la Sesa la envió a Mérida, Yucatán para que le hagan estudios. La niña necesita la atención de un especialista no un ginecólogo.

Dijo que al parecer ya feneció el plazo para que a la niña se le practique el aborto en el DF, en donde se permite la interrupción del embarazo a las 21 semanas. Aunque podría no ser tarde porque la Organización Mundial de la Salud establece que un aborto sin riesgo se puede practicar en una menor hasta las 24 semanas.  

Las autoridades de Salud no solamente han esquivado su responsabilidad, pues agregó que durante su comparecencia Azueta Cárdenas, reveló que en el 2009 se registraron en el estado un total de cinco mil 510 casos, de los cuales el 16 %, es decir, 881 fueron producto de una violación.

El secretario de Salud, dio una cifra dramática que no cuadra con los datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que reportó que en el 2009 se interpusieron 159 denuncias por abuso sexual en sus diferentes modalidades.

Hadad Castillo cuestionó: ¿Si la Sesa sabía de los 881 casos por qué no denunció? ¿Dónde están esas niñas violadas y los que bebés que tuvieron? ¿Recibieron atención especial? ¿Se les explicó que tenían derecho a abortar a los 90 días?

Por su parte el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), informó que en el caso de la menor de 10 años de edad, fue canalizada a la casa de asistencia temporal del Programa de Adolescentes y Menores en Riesgo (PAMAR). Fue trasladada para su atención y valoración médica a la ciudad de Mérida, Yucatán y los médicos certificaron que tanto la menor como el producto se encuentran al momento en buenas condiciones de salud.

SIPSE